Presentamos alegaciones a la Planta de Hormigones de Los Corrales
El proyecto minero pretende situarse junto a viviendas y en zonas de especial protección ambiental de animales y diversidad natural
Tras conocer la intención de Arinorsa de instalar una Planta de Dosificado y Amasado de Hormigón en el entorno de San Juan del Monte y estudiar el proyecto desde Izquierda Unida queremos hacer pública la siguiente información.
El proyecto de instalación de dicha planta conlleva la construcción de depósitos de más de 18 metros, itinerarios de transporte pesado, traslado de áridos que generan polvo en suspensión y derivados. Esta actividad conlleva inevitablemente molestias e incluso peligros que nos preocupa puedan afectar a medio ambiente y vecinos/as de la zona.
La cercanía a zonas habitadas como Bardauri, Los Corrales y urbanizaciones residenciales nos preocupa por las molestias y posibles afecciones a la salud de la población local. Debemos evitar cualquier situación de este tipo para nuestros vecinos y vecinas, vivan en el centro o en la periferia del término municipal.
Además esta cercanía incumple lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, según el cual estas actividades no pueden instalarse a menos de 2000 metros de núcleos de población. A su vez el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece como criterio para esta industria el requisito de situarse aisladas.
El proyecto afecta a nuestro entorno natural, como la Zona ZEPA de especial interés de protección de aves “Montes Obarenes y Ameyugo” donde residen colonias de buitre leonado, milano real, alimoche o halcón peregrino entre otras. Además afecta también a la zona ZEC de especial conservación, dentro del ámbito del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León.
Por otro lado hablamos de una zona natural de esparcimiento como es la zona “Montes de Miranda” de un alto uso público, siendo un emblema cultural popular de primer orden para Miranda, en especial por la celebración de San Juan del Monte.
Esto desmonta el posible carácter de interés social que argumentan desde la empresa minera. Por otro lado no existe utilidad pública puesto que no es una actividad extractiva (protegida por ley) sino de una actividad manufacturera, con un CNAE independiente.
Es evidente que esta actividad presenta riesgos y contempla la Modificación del relieve topográfico, pérdida de productividad agrícola, peligro de vertidos y afección a hidrología superficial, alteración de la calidad visual del paisaje, afección a la salud de la población por ruidos y polvo en suspensión.
Por todo ello y tras recibir quejas vecinales, analizar la situación con el pertinente asesoramiento legal y consulta a colectivos ecologistas y de protección ambiental desde Izquierda Unida anunciamos nuestra decisión de presentar alegaciones para impedir la instalación de esta Planta de Hormigones en este emplazamiento.
De esta forma nos opondremos a que se conceda la Autorización especial de uso de suelo rústico, existe jurisprudencia que es favorable a primar el interés público de preservar zonas de interés medioambiental y la salud de la población.
Ejercemos así nuestro derecho a acción pública popular ante el responsable de resolver que en este caso es el Ayuntamiento de Miranda de Ebro al que instamos a actuar en defensa del interés público rechazando la solicitud de la empresa minera por existir elementos que motivan de sobra dicha decisión. Debería estudiarse el uso de un suelo industrial más apropiado y con garantías.
Además instamos al consistorio a realizar un especial seguimiento y fiscalización de las diferentes concesiones de explotaciones mineras a cielo abierto y de transferencia, para garantizar el correcto desarrollo de la actividad y el cumplimiento de la normativa en el término municipal.
Los proyectos activos o en proceso de cierre de aprovechamiento de áridos silíceos y conglomerados tienen que cumplir con planes de restauración y recuperación, pero tenemos experiencias de incumplimientos que afectan a nuestro entorno natural. Es preciso revisar el cumplimiento de normativa en las captaciones de agua, rellenado de taludes o correcto desmantelamiento de instalaciones.